¿Fue la República el resultado de las elecciones o de un intenso proceso de lucha de clases?
Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que las candidaturas republicanas obtuvieron una amplia victoria en las principales capitales, miles de jóvenes y trabajadores salieron a la calle en contra del régimen político y la Corona. Las grandes demandas democráticas pendientes como la reforma agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, el fin de la Monarquía o los derechos democráticos nacionales de vascos, catalanes y gallegos, se mezclaban con las demandas obreras contra los alquileres, por la subida de salarios y contra los despidos que empezaban a extenderse como parte del impacto de la crisis del 29.
Estas movilizaciones masivas no cayeron del cielo. En lo que va de año la efervescencia social se extendía por todo el Estado. El decrépito régimen de la Restauración, con Alfonso XIII a la cabeza, hacía aguas. En febrero dimitía el sucesor de Primo de Rivera, el General Berenguer, dejando paso al Almirante Aznar. Un cambio de caras que fue incapaz de contener la ola de huelgas obreras y las protestas estudiantiles.
El 13 de abril, la localidad vasca de Eibar fue la primera en proclamar desde el Ayuntamiento la República. Le seguirían el resto de consistorios, incluyendo el de Madrid, al día siguiente, 14 de abril. En Barcelona serían los dirigentes del ERC, Lluís Companys y Francesc Macià, quienes lo harían de un modo especial. En la Plaza Sant Jaume proclamaban la República catalana como parte de la República Federal española, como un intento de forzar una negociación con el gobierno provisional para que reconociera la Generalitat y habilitara el proceso de elaboración de un nuevo estatuto de autonomía.
¿Una revolución democrática o un proyecto reformista para evitar una revolución social?
El nuevo gobierno estuvo integrado por republicanos burgueses de izquierda y dirigentes del PSOE. Elegiría como presidente a Manuel Azaña, de Esquerra Republicana. Sin embargo sus primeras decisiones marcaban sus intenciones de promover un cambio de régimen sin una ruptura total con el establishment existente y mucho menos con el sistema social. Decidieron, en primer lugar, facilitar la salida de Alfonso XIII y su familia del país, imposibilitando que pudiera ser juzgado por los crímenes de su reinado. En segundo lugar, entregaron la Presidencia de la República a Niceto Alcalá Zamora, un ex-monárquico conservador y uno de los grandes terratenientes del país.
Una dualidad iba a atravesar a la II República durante toda su historia, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Por un lado el 14 de abril puede considerarse como la fecha de arranque de la revolución española, un proceso dilatado y con altibajos que no será sofocado definitivamente hasta la derrota de los obreros revolucionarios en la Barcelona de mayo del 37 y la posterior victoria de Franco casi dos años después.
Por otro, ese mismo día arrancan también los esfuerzos de los dirigentes republicanos y reformistas para contener las aspiraciones democráticas y sociales de obreros y campesinos, detrás de un programa que, en lo fundamental, se negaba a avanzar sobre los intereses de los grandes capitalistas y terratenientes, y fue incapaz de descabezar a las fuerzas de la reacción – Iglesia, monárquicos, carlistas y militares golpistas – que en 1936 iniciarían la guerra para acabar con la misma República y todo resto de organización obrera o campesinada .
El bienio progresista y el enfrentamiento con el movimiento obrero y campesino
De hecho, la conflictividad social no se detendrá con la llegada de la República. El proceso constituyente y el primer gobierno republicano, el llamado “bienio progresista”, tendrá en la calle uno de sus principales desafíos. Fueron miles los trabajadores y campesinos descontentos con la lentitud de las reformas, y esto se expresó en movilizaciones como las de mayo de 1931 en Madrid que terminó en una ola de quema de edificios religiosos, las protestas campesinas en Andalucía en diciembre de ese mismo año, los levantamientos campesinos de Arnedo y Castilblanco, las insurecciones del Llobregat en enero de 1932 o la masacre de Casas Viejas de enero de 1933, donde el gobierno asesinó a 21 campesinos.
En el campo, la Reforma Agraria del “bienio progresista” dejaba intacta la gran propiedad que contara con los títulos de propiedad en regla y garantizaba una altas indemnizaciones en los escasos supuestos en los que se podían llevar a cabo expropiaciones. Esto implicaba que se calculaban 100 años para poder resolver el problema del campesinado sin tierra. Todavía hoy seguiría aplicándose. En la ciudad, el Ministro de Trabajo Largo Caballero, del PSOE, que había desempeñado ese mismo cargo con Primo de Rivera, mantuvo intacta la legislación antisindical y se enfrentó directamente a las huelgas y reivindicaciones de los trabajadores.
La Iglesia, salvo medidas excepcionales tomadas contra los Jesuitas y otros órdenes, mantuvo intacto su patrimonio. Y en el Ejército, la casta de oficiales sufrió algún agravio menor, pero se les mantuvo en activo y ante algunas tentativas golpistas, como la de Sanjurjo en agosto de 1932, se trató a los golpistas con una condescendencia que ya quisieran para ellos muchos huelguistas encarcelados.
La brecha entre las aspiraciones de trabajadores y campesinos, y las ilusiones truncadas en el gobierno republicano-socialista fueron aumentando ostensiblemente. La respuesta del gobierno Azaña fue aprobar una Ley de Seguridad de la República cargada de disposiciones represivas contra los luchadores que dejaron un saldo de 9.000 presos políticos en enero de 1933.
El ascenso de la derecha y la Comuna asturiana. ¿Un “ensayo general” de la revolución del 36?
La debilidad de la izquierda revolucionaria, en ese momento representada por la Izquierda Comunista de Nin, sumado a la política sectaria del estalinismo (enfrascado en su etapa del “tercer período”) y la división del anarquismo entre una ala reformista (los “treintistas”) y otra antipolítica e insurreccionalista cada vez más desatada de los trabajadores, hizo que la crisis del gobierno progresista fuera capitalizada por la derecha.
Ésta es la razón - y no el “voto de las mujeres” como aludieron muchos reformistas misóginos que se habían opuesto al mismo en las Cortes Constituyentes con el argumento de que votarían lo que les dijeran los curas – por la que al noviembre de 1933 ganarían las elecciones las fuerzas de la derecha, el Partido Radical y la recientemente fundada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
El gobierno Lerroux inaugura en 1934 el llamado “bienio negro”, dos años en que las escasas reformas aprobadas en el primer bienio -incluida la timidísima Ley de Reforma Agraria- fueron echadas hacia atrás y la represión contra el movimiento obrero y campesino se incrementó brutalmente. Este ascenso de la derecha coincidió con un evento internacional de gran relevancia, en enero de 1933 Hitler asumía la cancillería del Reich y un mes más tarde se producía el incendio del Reichstag que inauguraba la dictadura fascista en Alemania.
La amenaza de la reacción y la experiencia alemana (donde las direcciones socialistas y estalinistas habían permitido el ascenso del fascismo sin presentar combate) llevó a que algunas organizaciones obreras se decidieran a poner en pie organismos de frente único obrero. En diciembre de 1933 se había fundado la Alianza Obrera en Cataluña. Lamentablemente las principales organizaciones del movimiento obrero se negaron a esta política -como la CNT, con la excepción de su sección asturiana-, o se sumaron sin la voluntad de que ese frente se desarrollara -como el PSOE- o se adhirieron tarde -como el PCE que no lo haría hasta septiembre de 1934-.
Más allá de sus dirigentes, muchos militantes anarquistas y sobre todo del PSOE y las Juventudes Socialistas empezaban a radicalizarse ya realizar una experiencia con sus direcciones reformistas. Esta esquerdización tenía lugar en otros países como en Francia, donde los trotskistas trataron de confluir con ella entrando en la SFIO para conseguir construir un partido revolucionario que ofreciera una alternativa a la quiebra política de la II y la III Internacional evidenciada especialmente en Alemania .
En octubre de 1934 la CEDA entró en el gobierno, lo que fue el detonante para la insurrección por la que trabajaban estos sectores. Los mineros de Asturias, se adueñaron del territorio, levantaron comités y se enfrentaron militarmente a la Guardia Civil y el Ejército.
En las grandes capitales la dirección socialista rehuyó dirigir la huelga general y la insurrección. En Madrid los obreros iban a los locales del PSOE buscando indicaciones de qué hacer, pero sus dirigentes estaban literalmente desaparecidos. La dirección de la CNT no brindó apoyo al levantamiento, salvo en Asturias.
En Cataluña, la Alianza Obrera llamó a la huelga general, que fue un éxito pese a la oposición de la dirección anarcosindicalista, pero las organizaciones que la dirigían -la IC de Nin y el Bloc Obrer y Pagès de Maurín- se van supeditar explícitamente a la dirección del Presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Éste se rendiría a las tropas enviadas por el gobierno central sin prestar apenas resistencia. La autonomía catalana quedó suspendida y el gobierno de la Generalitat encarcelado.
En ese marco, la Comuna asturiana quedó sola y aislada y el Ejército, comandado por el general Franco, la aplastó con un saldo de cientos de muertos y detenidos. Aún así, su derrota no significó la muerte de la revolución española, sino que esta heroica experiencia iba a ser retomada por los trabajadores y campesinos del resto del Estado dos años más tarde en aquellas zonas donde se derrotó el golpe militar .
El Frente Popular y el ascenso obrero y campesino de la primavera del 36
El rumbo cada vez más autoritario del gobierno de Lerroux no pudo evitar que entrase en una crisis interna cada vez mayor durante 1935. Los casos de corrupción iban deslegitimándolo cada vez más, a la vez que se llenaban las prisiones de obreros y campesinos (más de 30.000) y cientos de locales y periódicos de sindicatos y partidos obreros eran clausurados. En octubre todas las organizaciones obreras iniciaron una fuerte campaña por la amnistía que acabó de perforarle el suelo y fueron convocadas elecciones anticipadas en febrero de 1936.
Las organizaciones reformistas, el PSOE y el PCE sumido en el viraje de la III Internacional en favor de las políticas de colaboración de clases con las burguesías “democráticas”, llegaron a un acuerdo electoral con los partidos republicanos burgueses (IR, UR , ERC). Se constituyó así el Frente Popular, en base a un programa reformista inspirado en el del primer bienio. Es decir, en el que se aceptaba la irresolución de grandes demandas democráticas como la cuestión agraria y el respeto sacrosanto a la gran propiedad capitalista. UGT lo integró también y la CNT se mantuvo formalmente independiente pero sin realizar su tradicional campaña de abstención. El joven POUM -formado en octubre del 35 fruto de la fusión de la IC y el BOC- acabó sumándose,
La victoria del Frente Popular trajo un nuevo gobierno de coalición con Manuel Azaña como Presidente. La Generalitat se restableció y el gobierno quedó indultado. Sin embargo la dinámica del primer bienio se iba a repetir de forma acelerada e intensificada. Las promesas e ilusiones reformistas eran incapaces de frenar la iniciativa de trabajadores y campesinos para resolver efectivamente todas sus demandas postergadas.
Al día siguiente de las elecciones se produjeron grandes manifestaciones en las cárceles para exigir la inmediata libertad de los presos políticos, llegando incluso a asaltar las prisiones y liberar a los presos antes de que llegara el decreto gubernativo, como ocurrió en Valencia. Un día más tarde, se inició una ola de huelgas exigiendo aumentos de salario, la reincorporación de los despedidos durante el “bienio negro” y otras reivindicaciones. No encontraremos una sola ciudad que en los meses siguientes no viviera al menos una gran huelga general o de algún sector clave de la clase obrera.
En marzo, la agitación tomó cuerpo en el campo andaluz y extremeño. Los campesinos tomaron en sus manos y por sus propios métodos la resolución del problema agrario. Más de 200.000 participaron en empleos masivos de las tierras de los terratenientes que la Ley de Reforma Agraria se negaba cerca.
El gobierno Azaña, ya partir de mayo el de Casares Quiroga (el primero sustituirá a Alcalá Zamora en la Presidencia de la República), se mostrarán incapaces de contener la movilización social. Al mismo tiempo la derecha, el alto mando del Ejército y los grandes industriales y financieros empezaron a preparar el golpe con total impunidad.
En los últimos meses de la II República sin guerra, las tendencias a la revolución y la contrarrevolución tomaban día a día más cuerpo. El reformismo aparecía como una tercera posición impotente. Impotente para las clases dirigentes que la despreciaban por inútil. También para los trabajadores que estaban haciendo una amarga experiencia con él al dejar insatisfechas sus principales demandas, y por otra parte actuar como un obstáculo mismo para enfrentar el golpe que se avecinaba.
Por último entre el 17 y el 19 de julio se producía la revuelta militar. El gobierno del Frente Popular volvió a hacer gala de esa impotencia, llamando a la calma y tratando de negociar con los golpistas. Sin embargo, nuevamente los obreros y campesinos estuvieron a la altura. Tomaron la iniciativa y salieron a enfrentar a los militares sublevados. Allí donde llegaron a tiempo, la cadena de mando del Ejército se quebró y el golpe fracaso.
Se iniciaba así la guerra civil, en la retaguardia republicana los trabajadores empezaron a poner en marcha un programa de revolución social ya construir organismos de auto-organización para dirigir la vida social, económica y militar. Las tareas democráticas y sociales postergadas por los gobiernos republicano-socialistas empezaban a resolverse de inmediato, pero esta vez tampoco lo iban a permitir. Aunque este tema seguramente va a dar para otro artículo.
Fuente: Esquerradiari
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