dilluns, 18 de juliol del 2011

A la caza del demócrata


"Si lo hubiera (un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la República), sería un loco, lo digo con toda claridad, aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía". Con esta amenaza incendiaba el parlamentario José Calvo Sotelo el debate del martes 16 de junio de 1936 en el Congreso de los Diputados.
El ruido de sables era algo más que un rumor en los pasillos de la Carrera de San Jerónimo cuatro meses después de que las izquierdas agrupadas en el Frente Popular obtuvieran 279 de los 448 escaños. Lo que desconocían sus señorías es que la violencia se apoderaría del Parlamento de tal manera que en los siguientes meses iban a morir medio centenar de aquellos representantes electos. Los golpistas persiguieron a socialistas, republicanos y comunistas a muerte hasta bien acabada la guerra. El diputado socialista Carlos Rubiera Rodríguez fue fusilado en las tristes tapias del Cementerio del Este el 7 de noviembre de 1942, tras su detención en Alicante en 1939.
"Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas", ordenó por escrito el general Emilio Mola en la primera de sus cinco "instrucciones reservadas" que firmaba como "El Director" y que envió el 25 de mayo a los militares rebeldes.
"Los representantes políticos cualificados eran los escogidos para las primeras tandas de la represión. Tenían claro quién tenía que ir primero y quién segundo", explica el historiador Francisco Espinosa, autor de Violencia roja y azul. España 1936-1950 (Editorial Crítica). "Fueron a por los diputados pero también a por alcaldes y concejales. De hecho, también eliminaron a muchos apoderados electorales porque tenían sus nombres desde febrero de 1936", explica.
Desde que el resultado electoral devolvió a la derecha a la oposición quedó claro que muchos en el Parlamento apostarían por "cambiar las urnas por las armas", como describe el historiador Julián Casanova en el volumen 8 de República y Guerra Civil (Editorial Crítica). En el capítulo Las raíces del enfrentamiento detalla las reuniones que los militares afines al exministro de la Guerra José María Gil Robles celebraban en casas de amigos del diputado de la CEDA.
"Serán encarcelados todos los directivos de partidos", escribió el general Mola". El 4 de julio el acaudalado Juan March aceptó aportar dinero para conseguir el avión que trasladaría a Franco desde Canarias a Marruecos. El avión, un De Havilland Dragon Rapide, fue alquilado dos días después en Inglaterra, con las 2.000 libras esterlinas que proporcionó March, por Luis Bolín, el corresponsal del periódico ABC en ese país", relata. Militares, diputados, banqueros y empresarios unidos contra la democracia y dispuestos a eliminar a sus rivales políticos en tapias de cementerios, cunetas y hasta el mar.
"Hay una planificación de sacar la guadaña con todos los dirigentes de carácter sindical y político que pudieran resultar referenciables para las clases medias", explica la historiadora Mirta Núñez, coordinadora de La gran represión (Editorial Flor del Viento). Núñez enlaza el fusilamiento de los diputados de izquierdas como una consecuencia de "la estrategia de difamación y propaganda catastrofista que llevó a cabo la derecha durante esa legislatura para justificar el golpe" a la legalidad democrática, detalla.
Una democracia representada en una generación de parlamentarios que causó baja en el Congreso de los Diputados el jueves 2 de febrero de 1939, ante la inminente invasión de Catalunya por parte de las tropas de los golpistas al mando de Francisco Franco que aquel mismo día firmó una orden para declarar la fe católica como única legal en España. Las incompletas fichas de los diputados en el Congreso reflejan esa fecha, el 2 de febrero, como su último día en la Cámara.
"Iban a cambiar las urnas por las armas", destaca Casanova. Sin embargo, el primer diputado electo en los comicios de 1936 en causar baja fue uno de los partidarios de reventar el Parlamento. José Calvo Sotelo murió tiroteado cinco días antes del 18 de julio en Madrid. Un mes antes, en el citado debate parlamentario, espetaba a los que le acusaban de golpista: "Para mí, el Ejército, no es en momentos culminantes para la vida de la patria un mero brazo, es la columna vertebral".
El 13 de julio de 1936, policías compañeros del teniente José del Castillo, asesinado por derechistas 24 horas antes, respondían a la muerte del guardia de Asalto con las armas. Calvo Sotelo fue disparado y llevado al depósito del Cementerio del Este. En su funeral, sus partidarios le despidieron con el saludo fascista. El golpe era inminente. Con la sublevación en marcha se produjo el asesinato de cerca de una veintena de diputados derechistas a manos de milicianos. "La República rechazó esos asesinatos y se puede comprobar cómo llamó a los milicianos a no tomarse la venganza por su mano. De hecho, controló los fusilamientos a finales de 1936", define Núñez.
La eliminación de los representantes del Frente Popular fue llevada a cabo con celeridad en todos los lugares por donde avanzaban los rebeldes. El diputado de Izquierda Republicana electo en Tenerife Luis Rodríguez Figueroa tomó un barco el 16 de julio desde Canarias a Cádiz. El 18 de julio llegó a la Península y se topó con el golpe de Estado. Acudió al Gobierno Civil a informarse y fue detenido por las tropas de la Legión, que lo embarcaron de vuelta a Tenerife. El 14 de octubre fue "puesto en libertad". Nunca volvió a casa. Como otros izquierdistas canarios fue hecho desaparecer en el mar.
Rodríguez Figueroa es uno de los 14 diputados del partido de Manuel Azaña elegidos en 1936 que fueron fusilados. Izquierda Republicana (IR) obtuvo en las elecciones 86 diputados, tres menos que el PSOE. Pese a su presencia mayoritaria, el recuerdo de sus diputados es escaso. No tienen quién les reivindique. "La gente no sabe que en las elecciones de 1977 se pudo presentar el PCE, pero no se legalizaron los partidos republicanos. Nadie desde la Historia se ha encargado de ellos", lamenta el presidente de la Fundación Manuel Azaña, Isabelo Herreros.
El PCE, que creció durante la guerra hasta convertirse en la única organización capaz de dirigir al Ejército, apenas consiguió un apoyo en las elecciones del 1936 de 16 diputados. Sin embargo, Calvo Sotelo, al frente de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que obtuvo 87 escaños en una campaña bajo el lema "Contra la revolución y sus cómplices", se esforzó en acusar al Gobierno del republicano Santiago Casares Quiroga de dejar España en manos de la Rusia comunista. "Aquí hay diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado y apóstoles del comunismo libertario", alarmaba en el Congreso.
A falta de una historiografía que reivindique el exterminio de los políticos de centro izquierda republicanos, Isabelo Herreros ha elaborado el único listado de líderes de IR represaliados. Entre ellos, destacan nueve gobernadores civiles de IR de los 11 que fueron asesinados. La saña de los franquistas se mostró salvaje en el caso del profesor Francisco Pérez Carballo, gobernador de A Coruña que se resistió en la sede del Gobierno Civil con un puñado de guardias de Asalto. A los cuatro días fue fusilado a los 27 años.
Su mujer, la bibliotecaria de la Universidad Central de Madrid y discípula entre otros de José Ortega y Gasset, Juana Capdevielle, embarazada, perdió su hijo al conocer la noticia, y fue detenida. Tras ser liberada y buscar refugio en casas de otros diputados republicanos como Victoriano Veiga o José García Ramos fue detenida de nuevo y asesinada en las proximidades de Rábade (Lugo) el martes 18 de agosto. El mismo día que en un lugar desconocido de Granada era asesinado Federico García Lorca por las mismas armas antidemócratas.
Los sublevados no pararon en su afán exterminador al término de la Guerra Civil. Su voluntad genocida les llevó a pedir la colaboración de la Gestapo en el sur de Francia. En el exilio fueron detenidos tres diputados electos en el Parlamento atacado por el golpe de Estado: Lluís Companys (ERC), Julián Zugazagoitia (PSOE) y Manuel Muñoz Martínez (IR). Los tres fueron víctimas de lo que los historiadores llaman represión legalizada. Es decir, la que aplicaron los franquistas en la posguerra al acusar a sus enemigos de rebeldes. Companys fue fusilado en el castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Zugazagoitia fue acusado de rebelión y fusilado en Madrid el 9 de noviembre de 1940. Muñoz fue fusilado en Madrid tras un consejo de guerra el 1 de diciembre de 1942.

Diego Barcala(Publico.es)

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